Los hechos sucedieron en concreto el día 6 de dicho mes cuando la zanja en la que trabajaba el fallecido estaba ya prácticamente terminada y éste bajó a poner las estaquillas de replanteo del lugar, "como venía haciendo desde el principio", para la colocación de la tubería.
Según las conclusiones provisionales del fiscal, a las que tuvo acceso Europa Press, se produjo un desprendimiento del terreno que dejó sepultado al trabajador, "ocasionándole la muerte inmediata por asfixia. Horas después se produjo otro desprendimiento en el extremo opuesto de la zanja, aunque no afectó a nadie, pero los otros operarios "estuvieron expuestos a sufrir menoscabos físicos" por la forma de hacer las obras.
Los acusados son los representantes legales de la empresa encargada de las obras y de la subcontratada, a la que pertenecía la víctima, así como el coordinador de la obra y los jefes de actuaciones y producción de la empresa principal. A cada uno les acusa de los delitos de homicidio imprudente y de otro contra la seguridad de los trabajadores.
La acusación pública explica en su escrito inicial que el representante legal de la subcontrata era "el responsable de velar para que los trabajadores de su empresa realizaran las tareas en condiciones seguras" y se adhirió al plan de seguridad de la firma principal.
Éste encargó las obras al oficial accidentado "sin que recibiera información ni formación adecuada sobre los peligros del puesto de trabajo ni instrucciones precisas" y, además, "permitió" que hiciera sus tareas "aún sabiendo" que era necesario que la zanja estuviera en todo su recorrido entibada para evitar desprendimientos, lo que no se había hecho.
Por su parte, el fiscal dice que el representante legal de la empresa principal "se desentendió de la obligación que tenía de exigir a los responsables de su firma y de la otra el cumplimiento de las medidas de seguridad tanto colectivas como individuales", así como que "encargó verbalmente la realización del tramo no previsto en el contrato inicial".
Respecto a los otros acusados, el ministerio público entiende que "permitieron" que el trabajador bajara a la zanja en esas condiciones y conocían que "pese a que, al no haber exigido que se llevara a cabo la entibación o el ataludamiento y dada la mala calidad del terreno, existían grandes probabilidades de que se produjeran desprendimientos".
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Según las conclusiones provisionales del fiscal, a las que tuvo acceso Europa Press, se produjo un desprendimiento del terreno que dejó sepultado al trabajador, "ocasionándole la muerte inmediata por asfixia. Horas después se produjo otro desprendimiento en el extremo opuesto de la zanja, aunque no afectó a nadie, pero los otros operarios "estuvieron expuestos a sufrir menoscabos físicos" por la forma de hacer las obras.
Los acusados son los representantes legales de la empresa encargada de las obras y de la subcontratada, a la que pertenecía la víctima, así como el coordinador de la obra y los jefes de actuaciones y producción de la empresa principal. A cada uno les acusa de los delitos de homicidio imprudente y de otro contra la seguridad de los trabajadores.
La acusación pública explica en su escrito inicial que el representante legal de la subcontrata era "el responsable de velar para que los trabajadores de su empresa realizaran las tareas en condiciones seguras" y se adhirió al plan de seguridad de la firma principal.
Éste encargó las obras al oficial accidentado "sin que recibiera información ni formación adecuada sobre los peligros del puesto de trabajo ni instrucciones precisas" y, además, "permitió" que hiciera sus tareas "aún sabiendo" que era necesario que la zanja estuviera en todo su recorrido entibada para evitar desprendimientos, lo que no se había hecho.
Por su parte, el fiscal dice que el representante legal de la empresa principal "se desentendió de la obligación que tenía de exigir a los responsables de su firma y de la otra el cumplimiento de las medidas de seguridad tanto colectivas como individuales", así como que "encargó verbalmente la realización del tramo no previsto en el contrato inicial".
Respecto a los otros acusados, el ministerio público entiende que "permitieron" que el trabajador bajara a la zanja en esas condiciones y conocían que "pese a que, al no haber exigido que se llevara a cabo la entibación o el ataludamiento y dada la mala calidad del terreno, existían grandes probabilidades de que se produjeran desprendimientos".
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